El pasado 21 de Julio se celebró el pleno ordinario del Ayuntamiento de Collado Villalba. Entre los  muchos puntos del mismo habían 2 mociones presentadas por el grupo municipal UPyD del que soy portavoz, y una de ellas versaba sobre la defensa del orden constitucional en el País Vasco.

La citada moción, de la que quería comentarte un par de cosas hoy, reclama, en resumen, lo siguiente:

  1. El apoyo unánime a todos aquellos concejales de los municipios del País Vasco que están sufriendo cualquier tipo de amenaza, coacción o presión por parte de los representantes de la organización Bildu, o de otras personas o colectivos relacionados.
  2. Condenar cualquier tipo de actitud que impida el libre ejercicio de sus funciones a los concejales elegidos democráticamente en las elecciones municipales del 22 de mayo.
  3. Exigir que en todos los Ayuntamientos e instituciones ondee la bandera de España junto al resto de banderas constitucionales.
  4. Remitir los acuerdos adoptados para su conocimiento al Gobierno de la Nación

El texto completo de la misma, también está bastante claro de lo que denuncia y reclama …

El acceso de la organización Bildu a las instituciones del País Vasco tras los comicios del 22 mayo de 2011 ha traído consigo una serie de consecuencias sin duda preocupantes tanto para la dignidad y seguridad de los concejales no nacionalistas como, en general, para el normal desarrollo de la vida democrática en los Consistorios vascos.

Ya desde la celebración de las distintas tomas de posesión de concejales y elección de alcaldes, hemos tenido la ocasión de asistir a incidentes tan lamentables como el sufrido por el concejal del Partido Popular en Elorrio, Carlos García, que tuvo que ser escoltado a la salida del Pleno tras prestar su voto al PNV para impedir el acceso a la Alcaldía a Bildu.

A hechos de este tipo se han sumado una serie de medidas llevadas a cabo en los Ayuntamientos gobernados por Bildu que tienen por objetivo, por un lado, amedrentar a los ediles del PP y PSE amenazados por ETA, como es el caso de la prohibición de acceso de los escoltas a las Casas Consistoriales, así como la reducción de otras medidas de seguridad; y, por otro lado, otras decisiones que incumplen claramente la legalidad vigente y suponen un desafío al orden constitucional, caso de la retirada de la bandera de España en las instituciones regidas por Bildu. La bandera de España, como símbolo del orden constitucional, implica, en aquellas instituciones donde ondea, que en el territorio bajo su jurisdicción se respetará la Constitución y serán de aplicación los derechos que este texto proclama para los ciudadanos.

La legislación que regula el uso de la bandera española, en concreto el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, establece que esta “deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”. La jurisprudencia (Sentencia de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de febrero de 2010) en este sentido señala igualmente que: La expresión “deberá ondear” que utiliza el legislador, formulada en imperativo categórico viene a poner de relieve la exigencia legal de que la Bandera de España ondee todos los días y en los lugares que expresa, como símbolo de que los edificios o establecimientos de las Administraciones Públicas del Estado son lugares en donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía y en ellos se desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad, sea del orden que fuere, de acuerdo con los valores, principios, derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa, junto con la unidad, independencia y soberanía e integridad del Estado Español”.

Además de todo lo anterior, en aquellas instituciones en las que gobierna, la Diputación de Guipúzcoa y diversos Ayuntamientos del País Vasco, Bildu ha recurrido a cuadros y dirigentes de las organizaciones ilegalizadas por su vinculación a ETA para formar su administración municipal y foral, actuando de este modo como “caballo de Troya de la organización terrorista”, motivo por el cual consideramos se debe instar al Gobierno a ilegalizar Bildu en aplicación de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos.

Esta moción, presentada por registro varias semanas antes del pleno, para dar tiempo a gobierno y demás grupos a analizarla, debatirla, hacer propuestas y tomar postura sobre la misma, recibió algunas propuestas de modificación por parte de PP y PSOE, y todas las aceptamos al ser razonables y “sumar”.

Y esto es la primera parte de una moción que, desde el entorno de la política municipal, pretende aportar y extender exigencias al gobierno de la nación sobre asuntos que nos atañen a todos, a más de servir como apoyo a todos esos ciudadanos que viven amenazados por los testaferros de ETA. Bajo este prisma tiene todo el sentido presentar este tipo de mociones desde las instituciones locales, como representantes de los ciudadanos que reclaman la intervención del estado ante asuntos graves como los que denunciamos. Un ejercicio de democracia y de reclamación del cumplimiento del orden constitucional.

¿Hablamos de Bildu?

Porque en la moción hay dos sujetos:

  1. El orden constitucional que nos hemos dado todos los españoles
  2. Bildu

Sobre lo primero es sobre lo que versa la moción, sobre la necesaria defensa de los principios básicos de la democracia y cumplimiento de la legislación vigente que, y ahí es donde entra el segundo sujeto, Bildu ha venido a romper, con amenazas, con transgresiones del orden legal reflejado en la constitución.

Y es que Bildu, tras un proceso legal en el que el Tribunal Supremo consideró que debería ser ilegalizada, y una decisión posterior del Tribunal Constitucional que consideró justo lo contrario – cosa que no es momento ni de comentar ni cuestionar, simplemente ocurrió – entró en las instituciones vascas, lo que es perfectamente legal, no así sus actuaciones una vez en las instituciones, que es lo que denuncia la moción.

Y traigo esto a colación porque la alegación de Izquierda Unida (suscrita en muchos otros ayuntamientos donde UPyD ha presentado mociones similares) es que se abstenían porque “Bildu es un partido legal y no iban a ir en contra de una decisión del Tribunal Constitucional“, lo que no deja de ser, aparte de una distracción del texto de la moción, una excusa muy pobre para su triste decisión y postura al respecto.

Por supuesto, en mi calidad de portavoz, les contesté que no se trataba de eso, sino de las acciones concretas – en contra del orden constitucional – en que Bildu había incurrido, y la petición de que, aplicando la Ley de Partidos, solicitar la ilegalización de esta formación, por sus hechos constatables, no por su trayectoria legal hasta las elecciones de Mayo. Yo creo que la simple lectura del texto lo aclara ¿no?.

Este tipo de decisiones, y otras, por parte de Izquierda Unida son parte de lo que ha hecho que poco a poco se hayan ido alejando del resto de los españoles, y que está provocando que cada vez tengan menos calado en la política del país, abstraídos como parecen estar de la realidad. Pero no merece mayor atención por mi parte esto, salvo la vergüenza de que un partido que se hace llamar de carácter nacional justifique de este modo la presencia y abuso de los avalistas de ETA en las instituciones y sus intentos de amedrentar a las instituciones.

Capítulo aparte me merece la actitud del PSOE … 

Cuando recibieron (recuerdo que varias semanas antes) nuestra moción nos indicaron a través de uno de sus concejales que la iban a estudiar y nos harían propuestas, que su intención era votar a favor, suscribirla. Y así lo hicieron, nos pasaron unos breves apuntes y modificaciones menores (cuestiones de forma más que de fondo) que fueron incorporadas y están en el texto final que has leído arriba.

Pues mira por donde, y cual no fue mi sorpresa, cuando en el pleno, en su turno, otro concejal – hasta ese momento silente – José Antonio Gómez Sierra, manifestó que nos habían enviado al resto de grupos una moción “alternativa” la tarde/noche anterior al pleno (dicho sea de paso no la recibí hasta bien entrada la mañana posterior, ya pasado el pleno) y que votarían su texto y sino se abstendrían.

El texto alternativo era este:

“ Instamos al Gobierno a que, desde la unidad y consenso en la lucha contra
el terrorismo, y en defensa de la dignidad de las instituciones vascas y navarras, de las libertades de los ciudadanos y, dentro del respeto a las opciones políticas por éstos, así como a las sentencias del Tribunal Constitucional, impida cualquier tipo de amenaza, coacción o presión por parte de los representantes de Bildu a los concejales de las ciudades y municipios del Pais Vasco y Navarra que dificulte o imposibilite el libre ejercicio de sus funciones constitucionales y asegura, siempre y en todo lugar, el respeto contemplado en las leyes a las víctimas del terrorismo “

Y vale, en esencia viene a decir lo mismo, sin entrar en detalles – que son importantes – y, sobre todo, sin una exigencia clara del cumplimiento de la Ley de Partidos.

¿Mis impresiones?, pues que la decisión no partió del grupo municipal PSOE de Collado Villalba, máxime visto que su postura ha sido la misma también en otros ayuntamientos. Más parece una respuesta de compromiso, sin mojarse demasiado en la corresponsabilidad del gobierno del PSOE en los hechos que están sucediendo en el País Vasco y tratando de que la moción pase por los plenos sin una exigencia clara de acciones, que si estaba en la moción original.

Como detalle curioso te diré que uno de los apuntes del PSOE a la moción (que aceptamos) fue el punto 4: “Remitir los acuerdos adoptados para su conocimiento al Gobierno de la Nación“, y no aludieron a nada sustancial del texto original que finalmente fue presentado.

Finalmente, da miedo pensar, no ya la postura de IU que llevan años retratándose, sino la de un partido político que está condenado (o lo estamos los españoles) a gobernar en la actual alternancia política, el PSOE, postura que pasa por asumir que se incumpla el orden constitucional por vaya usted a saber qué otros intereses. En unos días hablamos del PP, que también tiene lo suyo, pero hoy es justo reconocer que en esta ocasión fueron coherentes.

En UPyD lo tenemos muy claro, para aspirar a gobernar el país un partido político se debe ser absolutamente exigente con el respeto y defensa de la legalidad y el orden constitucional, debe aportar soluciones a los problemas reales en vez de provocar problemas nuevos, debe ser transparente con las cuentas administradas y, sobre todo, gobernar para todos los españoles. Los cambios, si se requieren, deberán igualmente ser aprobados legalmente, pero un representante público debe ser ejemplo pues precisamente es eso, representante de los ciudadanos, y no puede eximirse del cumplimiento de la ley, ni eximir a otros por cuestiones de estrategia política, ideologías o vete a saber.

Pronto, a la vuelta del Verano prácticamente, entraremos de nuevo en un proceso electoral, y solo espero que la memoria de los españoles sea buena y recuerde quienes han sido coherentes y responsables, y quienes – por el contrario – han atendido a intereses partidistas o han creado más problemas a los españoles de los que ya tenemos.

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