Amanece, que no es poco

Reconozco ser fan acérrimo de esa fantástica película de José Luis Cuerda, ‘Amanece que no es poco’. Además de ser una obra hilarante y deliciosamente absurda, también viene a ser un reflejo más fiel de lo que imaginas de la política local en nuestro país.

Porque, desdoblamientos y flashbacks aparte, muestra algunos elementos ancestrales de la administración municipal, que viene heredando desde tiempo inmemorial y ningún gobierno termina de abordar, mucho menos solucionar.

“¡Alcalde, todos somos contingentes pero tu eres necesario!”

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Este clamor, gritado por la multitud del pueblo ante el regreso del alcalde a la localidad, refleja una realidad de la política local, y es que los alcaldes gozan de una independencia casi absoluta, no siempre a favor de los vecinos.

En este país el Alcalde goza de un poder de decisión que, aunque delegable, es desconocido en otros países. En España sus funciones y competencias vienen definidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, básicamente, ejerce la representación institucional en los municipios, con el control de su gestión ejercido por el Pleno Municipal, que también preside.

Su elección no es directa mediante las elecciones, pues la realizan los concejales, pero una vez investido está facultado de todo el poder ejecutivo y normativo del municipio.

No obstante si se han heredado potestades ancladas en el pasado, que hacen a un alcalde una figura prácticamente intocable en su administración. Tiene capacidad de decisión sobre temas urbanísticos e impositivos sin prácticamente control de la Administración Central.

Solo en el caso de que se requiera financiación de otra administración se ve sujeto a su control.

Es de comprender, entonces, la renuencia a cualquier cambio en la administración local, que merme poder al alcalde, y la actual reforma local que está proponiendo el gobierno del Partido Popular abunda en ello, restando competencias y financiación a los ayuntamientos.

Tras una base real; el endeudamiento salvaje de muchos municipios, que han recurrido al Plan de Pago a Proveedores, el ejecutivo de Rajoy está equivocando, no obstante, la solución, que no pasa por restar competencias a los ayuntamientos, regidos por representantes electos, a favor de las diputaciones provinciales, esos entes de “gente de partido” elegida a dedo que, sin recursos propios, solo podría privatizar servicios para facilitarlos a los vecinos. Por supuesto, esto es un fracaso auto-asumido de la gestión pública, que dice mucho de la visión de la política del PP.

Bien es cierto que durante lustros, gobiernos municipales irresponsables han estado endeudando de manera desmesurada a sus convecinos con obras y decisiones de dudosa necesidad, pero no es menos cierto que la solución no pasar por quitarle el caramelo al niño sino por cumplir y hacer cumplir normas de control del gasto, de transparencia de las cuentas públicas y de lucha frente a la corrupción que eviten que situaciones de ese calado vuelvan a suceder.

“¡De orden del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trinoooo!”

Cuestión aparte, y no por eso menos interesante, sería el uso de los medios de comunicación y recursos municipales para usos partidistas, pero eso lo hablamos en detalle otro día pues aborda temas tan interesantes como la independencia de los medios o la separación de poderes.

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“¿Y ustedes, que hacen aquí? – Estamos invadiendo su pueblo”

El eterno dilema de Villaarriba y Villaabajo también se refleja en esta mítica película, algo tan común en nuestra geografía que no nos llama siquiera la atención que haya autenticas peleas de lindes y “diferenciación histórica” entre municipios limítrofes.

La enorme cantidad de duplicidades y redundancias de las administraciones ha hecho que el coste del estado municipal y autonómico en España haya alcanzado cifras descomunales, pero sobre todo innecesarias para los ciudadanos, que al final son los que pagan todo con sus impuestos.

En España, con 8.117 Ayuntamientos, mas de la mitad (4.901) tienen poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes.

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La fusión de municipios, por ejemplo, mejoraría la calidad de los servicios reduciendo su coste para los ciudadanos, todo ello sin perder la identidad, pues de lo que se trata es de fusionar administraciones locales no de eliminar pueblos. También habría muchos menos concejales y alcaldes, mejor preparados y con más recursos si el tamaño de los municipios se estableciera a niveles óptimos en administraciones locales a partir de 5.000 habitantes.

La política cercana aporta valor al ciudadano, pero también merma la objetividad en la gestión, algo que demuestran los innumerables casos de corrupción y corruptelas en muchos municipios españoles.

Otros países han abordado fusiones municipales con éxito y, aunque no es algo que se acomete de inmediato si que al menos debería estar en la agenda política por sus beneficios, especialmente para los maltrechos bolsillos de los ciudadanos. Hay muchos ejemplos de países que en las últimas décadas han reducido municipios, como Suecia, que redujo el 87% por ciento de sus municipios o Dinamarca, que suprimió el 80%, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos y reduciendo sus impuestos.

La anunciada Reforma Local del PP tampoco aborda este asunto en su conjunto, limitándose a “recomendar” las fusiones pero sin un plan al respecto, apostando – de nuevo – por dar más poder a las Diputaciones Provinciales, en perjuicio de los representantes elegidos por los ciudadanos.

“Te cambio mi personaje por el tuyo”

Hay también en la política, y no solo en la local, una percepción de que los viejos partidos llevan a rajatabla el famoso dicho de “entre bomberos no nos pisemos la manguera”.

El bipartidismo en España ha asumido que cada cierto tiempo haya cambio de sillón, pero no de lo que importa, y es por ese motivo que los dos partidos que recientemente han gobernado el país (PP y PSOE) suelen estar de acuerdo / encontrar consenso / buscar puntos de encuentro /  en todos aquellos cambios que consideran pondría en peligro su alternancia en el poder.

Cambios necesarios como el de la Ley Electoral, la definición y cierre de competencias, garantías de transparencia y datos abiertos (del inglés “open data“) y lucha contra la corrupción suelen encontrar de frente a los garantes de un bipartidismo que no beneficia a los ciudadanos ni a la democracia pero que, sobre todo, perpetúa viejos vicios de la política en España.

De nuevo, la Reformas Local propuesta no abunda en mayor y mejor representación, sino en todo lo contrario, y lo que es peor de todo: sin abordar los problemas reales de la administración local.

Son muchos ejemplos más los que podríamos ver de que la administración local en España necesita actualizarse al siglo XXI, pero sobre todo adecuarse a las necesidades de los ciudadanos que, poco a poco van comprobando que hay votar responsablemente para solucionar los problemas reales, aunque mientras tanto les quede poco más que decir eso de “Amanece, que no es poco”, a falta de poder tomarse un año sabático.

Artículo publicado en la sección de firmas políticas de la revista digital Sesión de Control

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