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Hace pocos días se perpetraba la renovación de un atraco a la soberanía popular: el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre los partidos políticos tradicionales de este país que, una vez más han conculcado los principios de nuestro estado de derecho.

La separación de poderes, tradicionalmente Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está basada en la necesidad de que existan, como postularon John Locke y Montesquieu, contrapesos y equilibrios, un balance entre los distintos poderes de un estado para que, a través de los controles entre unos y otros, se garantice la igualdad de derechos inherente a una democracia mediante la distribución de responsabilidades y controles entre los distintos poderes.

Ya la Constitución Española de 1812 contemplaba esta necesidad, refrendada en la actual Constitución de 1978, y es por eso que, cuando se distribuyen los puestos a cubrir en función de la representación parlamentaria”, no se cumple la Constitución, según sentencia del Tribunal Constitucional en 1986.

Por esto mismo es quizás más sangrante leer la “misión” del CGPJ, que en su propia web establece …

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos.

A la vista está que un consejo cuyos miembros son elegidos por los grupos políticos (poder legislativo) y el gobierno (poder ejecutivo) entre sus afines, muchos de ellos incluso militantes, ni es autónomo ni puede garantizar la independencia que el mismo consejo no tiene desde su conformación.

Pero ¿por qué es importante la separación de poderes? y, en concreto, ¿por qué es un secuestro democrático el reparto entre los partidos políticos de los miembros de organismos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, o incluso los Tribunales de Cuentas?.

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Lo principal es que si los mismos organismos que deben controlar y fiscalizar al poder legislativo lo conforman miembros afines o nombrados por ese mismo poder lo que sucede es que desaparece la soberanía popular. Dejan de existir poderes que garanticen la salud democrática de las instituciones y que estas sigan bajo la supervisión y control de los ciudadanos.

Recientemente, con la renovación del nombramiento de los miembros del CGPJ se han escuchado excusas como que “así se garantiza la pluralidad política en el consejo“, pero esto mismo es una perversión del sentido de la separación de poderes y, dicho sea de paso, una manipulación sobre el verdaderos sentido de la soberanía popular, donde el ciudadano debe tener órganos “independientes” que ejerzan de control sobre el resto.

Además, está el hecho de que los partidos políticos son organizaciones catalizadoras de las distintas sensibilidades e ideologías, pero no son el poder ejecutivo (el gobierno) ni el legislativo (el Congreso de los Diputados), que es a quien deben controlar y vigilar el resto de poderes, en este caso el judicial, porque sino ¿quien vigila al vigilante?, pues vigilantes puestos por los mismos vigilantes.

Especialmente vergonzoso y deleznable es que prácticamente todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU, CiU, PNV, UPN) que se han repartido la tarta judicial lleven en sus programas la separación de poderes, y que solo haya habido un partido nacional, UPyD, que haya renunciado a formar parte de este secuestro de la soberanía popular y denunciado esta perversión de los valores democráticos y constitucionales.

Lo mismo sucede con los Tribunales de Cuentas, también elegidos por los distintos grupos políticos, que se supone son organismos cuya función es vigilar y fiscalizar a esos mismos grupos políticos.

Es de locos, más cuando vemos cada día que los partidos “de siempre” se ven salpicados por casos de corrupción que deberían acabar en los mismos tribunales que ellos mismos han elegido.

España no es ni será un estado de derecho completo mientras los poderes judiciales sigan siendo elegidos por los mismos poderes a los que deben vigilar y controlar.

Mientras los miembros del poder judicial no se elijan simplemente mediante los criterios de mérito, capacidad y valía demostrada, de manera democrática y transparente entre los mismos miembros de la judicatura.

Mientras no se aborde la despolitización de la justicia no se garantizará la soberanía popular, hasta que todos los partidos políticos defiendan la separación de poderes España está sufriendo un déficit democrático, un fraude a los ciudadanos y una perversión del estado de derecho.

Artículo publicado en la sección de firmas políticas de la revista digital Sesión de Control

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